La Asamblea Legislativa de Transición (ALT) de Burkina Faso aprobó el pasado lunes una nueva ley que penaliza la homosexualidad con penas de prisión y multas. La ley, resultado de una enmienda al Código de la Familia y las Personas impulsada por la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de 2022, fue aprobada por unanimidad: 71 votos a favor. El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, afirmó en la televisión pública que la homosexualidad es un “comportamiento bizarro” y que quienes tengan “prácticas asimiladas” serán denunciados y procesados. 

De acuerdo con un borrador al que tuvo acceso El País, la reforma establece prisión de dos a cinco años y multas de entre EUR €3.000 y EUR €15.000 para “todos los comportamientos que puedan promover las prácticas homosexuales y similares”. Además, las penas se duplicarán en caso de reincidencia y los extranjeros condenados podrán ser expulsados del país. El ministro Bayala fue claro: “Los vamos a acompañar hasta la frontera”.

Burkina Faso se suma así a la lista de 33 países africanos que persiguen legalmente la homosexualidad. Algunos incluso aplican castigos más severos como la pena de muerte, como sucede en Mauritania o Somalia. Mientras, Sudáfrica es el único país del continente que reconoce el matrimonio igualitario y otros derechos para la comunidad LGBTQI+. En contraste, países como Botsuana, Gabón y Angola han dado pasos para despenalizar.

Como era de esperar, la comunidad LGBTQI+ en Burkina Faso recibió la noticia con temor y confusión. Una joven de 30 años declaró bajo anonimato que “todavía no entendemos muy bien cómo se va a aplicar la ley”, ya que parece que la norma penaliza más la promoción pública que la orientación sexual en sí. Sin embargo, la aprobación de la ley ha reforzado la homofobia y provocado que muchas personas eviten salir y oculten su orientación para proteger su seguridad.

Al parecer, la ley se enmarca en una campaña cultural de la junta militar para “proteger los valores tradicionales” y rechazar lo que consideran “imposiciones extranjeras”. Bayala señaló que el nuevo código “respeta los valores culturales y la voluntad de construir una familia burkinesa”, y además de la penalización de la homosexualidad, se incorporan cambios como el reconocimiento legal del matrimonio tradicional en zonas rurales y la reducción de la edad para casarse de 20 a 18 años.

Sophia, una mujer lesbiana extranjera, decidió mantenerse en silencio frente a las amenazas recibidas y ya planea abandonar el país. Otro miembro del colectivo afirma: “Los homosexuales seguiremos existiendo, pero ahora nos obligarán a permanecer en el ámbito privado” y concluye, “Nos escondemos, pero seguimos viviendo”.

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