Trump deporta a El Salvador a cientos de venezolanos sin proceso legal, acusándolos de formar parte del Tren De Aragua
La reciente deportación de cientos de venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador ha generado un intenso debate internacional. El presidente Donald Trump ordenó este fin de semana al menos 200 deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que permite la detención y expulsión de extranjeros en tiempos de guerra sin garantizar el debido proceso legal. Esta ley había sido utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para internar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés.
Entre los deportados se encuentran presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que recientemente fue catalogada como “terrorista” por el gobierno de Trump. La llegada de estos individuos a El Salvador se produjo pese a una orden judicial que impedía las deportaciones, lo que ha generado críticas sobre la legalidad de las acciones tomadas por la administración estadounidense.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que los deportados fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad conocida como la “megacárcel” del país. Bukele indicó que los detenidos permanecerán allí por un año, con la posibilidad de extender su estancia, y que Estados Unidos pagará una tarifa por su custodia.
La decisión de deportar a los venezolanos ha sido fuertemente rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro, quien calificó la acción como “anacrónica” y violatoria de los derechos humanos. Además, el gobierno venezolano comparó las deportaciones con episodios oscuros de la historia, como los campos de concentración nazis.
Por su parte, la Casa Blanca ha negado haber desobedecido la orden judicial, argumentando que la decisión de deportar a los venezolanos se tomó antes de que se emitiera el fallo judicial. Sin embargo, la controversia sobre la legalidad de estas acciones sigue siendo un tema candente, con críticas sobre el uso de una ley del siglo XVIII para justificar las deportaciones sin garantizar el debido proceso legal.
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