En México, la violencia contra las personas trans sigue siendo un tema grave: la esperanza de vida para las personas trans en ese país es de 35 años, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El resto de la población llega en promedio a los 77 años. Luego de Brasil, la nación azteca es el segundo país más letal para esta minoría en cuanto a número de víctimas, pues en 2020 fueron asesinados 79 miembros de la comunidad LGBT en México (43 de ellos personas trans), frente a 117 de 2019, de acuerdo con las ONG Letra S y Transgender Europe, quienes señalan que la baja del año pasado se debió a la pandemia.

Aún así, el pasado 6 de junio se marcó un hito en México, cuando se presentaron a elecciones legislativas más de 100 candidatos de la comunidad LGBTIQ+, incluidas unas 40 aspirantes transgénero. En esa fecha, los votantes eligieron por primera vez a dos diputadas trans al Congreso: María Clemente García y Salma Luévano, quienes representan al partido de gobierno Morena. En esa fecha también fue elegida diputada suplente la candidata trans Fernanda Félix, por el Movimiento Ciudadano (socialdemócrata). Hasta ahora solo una mujer transgénero, Rubí Araujo, había accedido a un cargo de elección popular en México como concejala del municipio de Guanajuato (centro) en 2016. Las tres primeras se juramentarán en sus cargos el próximo 1° de septiembre.

Licenciada en administración de empresas y estudiante de literatura, María Clemente García, de 35 años de edad, no ha ejercido profesionalmente su carrera debido a la discriminación. Hasta ahora se desempeña como taxista en el servicio Didi en Ciudad de México, y en una entrevista reciente con El País, destacó lo histórico que es que el sector más vulnerable de la población de la diversidad sexual, las mujeres trans, formen parte en la toma de decisiones del país. Dice que su prioridad es “atender a mis compañeras, impulsar una agenda a favor de la diversidad sexual y blindar desde la construcción de una estructura jurídica la integración de la población trans”.

Ya tiene como primer objetivo la modificación de un artículo de la Constitución: “Nos gustaría reforma el artículo primero de la Constitución para que se suprima el concepto de preferencia sexual y se supla por ‘orientación sexual e identidad o expresión de género’, que son los que utiliza la convención internacional en materia de derechos humanos”, explica. Además, quiere darle mayor eficacia y presupuesto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, y garantizar los derechos laborales de personas que trabajan para apps, como lo hace ella. “Los conductores somos usuarios de la aplicación de la misma manera que el pasajero, entonces nuestra fuerza de trabajo no se traduce en derechos laborales porque la aplicación no se reconoce como patrón. Queremos impulsar iniciativas para defender sus derechos laborales”.

Para ella, su ingreso al Congreso es solo un primer paso, pues hay que “encausar esfuerzos para pasar de la anécdota de que una vez hubo una, dos, o cinco diputadas trans y que sean espacios donde la gente de la diversidad sexual se sienta representada”, sostiene García. Dice que aunque ahora es una realidad, hace solo un año, cuando recorría cerros y calles con su taxi, no era una idea factible, su presencia en un órgano tan importante de su país. “Lo veía muy difícil, sobre todo por el tema de la discriminación”. Pero ahora, desde su posición, espera darle voz a quienes hacen que el país funcione desde sus mismas raíces: “México es un país que está sostenido por las mujeres, está cimentado en la lucha política de las mujeres”.

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