Un juez de Madrid ordenó el cierre de 10 pisos turísticos en un edificio del centro de la ciudad tras una sentencia histórica que reconoció que “las actividades ilícitas e insalubres” en esos pisos causaron daño psicológico a una familia vecina y violaron su derecho fundamental a la privacidad. La familia, con dos hijos, denunció sufrir estrés, ansiedad y falta de sueño debido al comportamiento ruidoso, alcohólico, destructivo y obsceno de los huéspedes, que incluía vandalismo, vómitos y relaciones sexuales en las zonas comunes. La resolución se hizo pública en medio de protestas por el impacto social y económico del turismo masivo y la escasez de vivienda asequible.

La familia afectada vive en un bloque de 60 apartamentos cercano a la Plaza Mayor, donde el 75% de las viviendas se alquilan a turistas. Tras dos años de intentos fallidos para resolver el problema con el ayuntamiento y los propietarios, contrataron al abogado Miguel Ángel Rubio quien explicó: “La familia tiene un piso turístico encima, otro debajo y más cerca de sus dormitorios. Fueron a la policía, que multó a los dueños con EUR €16.000, pero ellos pueden ganar más de EUR €150.000 en un fin de semana, así que la multa no les afecta. Por eso llevamos el caso por la violación de derechos fundamentales, y ganamos”.

El abogado destacó que la demanda no cuestionaba la legalidad o licencia de los pisos, sino el daño grave a la calidad de vida y derechos básicos de la familia. La juez confirmó que el ruido constante, la rotura de elementos comunes, el bloqueo del vestíbulo con maletas y carros llenos de toallas para limpieza eran hechos recurrentes. También se comprobó que los huéspedes usaban las zonas comunes para mantener relaciones sexuales, hubo múltiples intervenciones policiales, vómitos en los patios, buzones y ascensores dañados. En un momento la situación fue tan grave que contrataron un guardia de seguridad.

La magistrada desestimó la defensa de los propietarios, que alegaban que las molestias eran normales en cualquier vecindario, y afirmó: “Las acciones no solo eran molestas sino también insalubres, indecentes e ilegales”. Tras reconocer la violación del derecho a la privacidad personal y familiar, ordenó el cierre de 10 apartamentos turísticos y condenó a los dueños a pagar casi EUR 39.000 en indemnización a la familia.

Desde la resolución, el abogado Rubio ha recibido numerosas consultas de personas en situaciones similares. La sentencia llega en un momento en el que hay muchas protestas contra el turismo masivo en España, que ha agravado la crisis habitacional. Los precios de alquiler han subido un 80% en la última década, superando los aumentos salariales, y casi la mitad de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos a vivienda y servicios básicos, según el Banco de España.

En respuesta al problema, el alcalde de Barcelona anunció que eliminará los alquileres turísticos para 2028, revocando las licencias de más de 10.000 apartamentos. Además, el gobierno español ordenó a Airbnb retirar más de 65.000 anuncios ilegales, aunque un estudio reciente detectó que más de 15.200 apartamentos turísticos en Madrid operan sin licencia. Aún así, esta sentencia en Madrid marca un precedente legal importante en la lucha contra los efectos negativos del turismo descontrolado.

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