Luigi Mangione volvió este viernes al tribunal estatal de Nueva York, portando un chaleco antibalas, mientras su caso continúa en el centro de atención pública. Su abogada, Karen Agnifilo, solicitó sin éxito que se retrasara la presentación de mociones hasta que el gobierno federal decida si pedirá la pena de muerte en su contra. “Estamos luchando contra esto mientras seguimos con el caso estatal”, declaró Agnifilo.

El juez Gregory Carro rechazó la petición de la defensa y estableció que las mociones deben presentarse antes del 9 de abril, mientras que la Fiscalía tendrá hasta el 14 del mismo mes para responder. Mangione, quien sigue detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, asistió a la audiencia con las manos esposadas y vestido con un jersey verde y pantalones caqui.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyen imágenes captadas por cámaras corporales de la policía, informes oficiales, datos de un teléfono móvil hallado en la escena y archivos de la autopsia, según informó CNN. Mangione enfrenta once cargos estatales, incluyendo asesinato en primer grado y en segundo grado, este último tipificado como crimen de terrorismo. La pena máxima que podría recibir es cadena perpetua sin libertad condicional.

Agnifilo criticó el trato dado a su cliente durante su traslado al tribunal, señalando que “cuando voy a visitarlo a la prisión, está sin esposas y caminamos libremente por la sala de visitas, pero aquí lo han tratado de manera diferente”. Mientras tanto, en el exterior del tribunal, alrededor de 30 manifestantes expresaron su apoyo a Mangione con pancartas que decían: “Luigi antes que los multimillonarios parásitos” y “Puedes encarcelar a un hombre pero no a un movimiento”.

El caso ha despertado una gran polémica y se ha convertido en un símbolo de la lucha contra las aseguradoras privadas. La recaudación de fondos para su defensa ha superado los 500.000 dólares, reflejando el respaldo de sectores que lo consideran un símbolo de resistencia. La resolución de este proceso será observada de cerca por la opinión pública y podría tener un impacto significativo en la percepción del sistema judicial y de salud en Estados Unidos.

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