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Coronavirus Perspectives

Chile: Tribunal Constitucional rechaza liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad de la era Pinochet

Más de 1300 concenados por violaciones de derechos humanos en el gobierno de Pinochet podrían salir en libertad. Fotografía: El Desconcierto
Words mor.bo

Update 14/04/2020, 18:15 horas:

Tal como se esperaba, el día de ayer el Tribunal Constitucional de Chile tomó una decisión con respecto a la propuesta del proyecto de Ley Humanitaria, presentado por los parlamentarios de Chile Vamos, y que buscaba incluir los condenados por crímenes de lesa humanidad pertenecientes al gobierno del dictador Augusto Pinochet entre los presos a quienes se les conmutaría la pena debido al hacinamiento en prisiones y el riesgo de contagio del el coronavirus.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores del oficialismo fue desestimado siete votos contra tres quedando así la iniciativa a la espera de la revisión de un segundo requerimiento presentado este lunes. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, calificó de “lamentable” esta última maniobra jurídica por considerar que “solo tiene un efecto dilatorio” para una medida que el Gobierno quiere aplicar “a la brevedad” para impedir que el Covid-19 se extienda por las cárceles chilenas.

“Esta situación obliga en conciencia a quienes han presentado un segundo requerimiento a que lo retiren, para que no sigamos postergando un indulto que es necesario ahora”, añadió el ministro.

Una vez promulgada, la nueva ley permitiría que todos los reos mayores de 75 años y mujeres embarazadas y con hijos menores de dos años que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad cumplan el resto de su pena bajo arresto domiciliario. El Gobierno calcula que beneficiará a 1.300 reclusos.

Post original: 13/04/2020, 15:13 horas:

Chile: “Ley Humanitaria” dejaría en libertad a violadores de DD.HH. del gobierno de Pinochet

Una de las medidas que algunos gobiernos han tomado al enfrentar la pandemia del COVID-19 alrededor del mundo ha sido la liberación de algunos prisioneros en la cárcel: mientras ciertos países prefieren otorgarle prisión domiciliaria a reclusos mayodes de 60 años para protegerlos de la pandemia, otros han optado por dejar libres a personas de baja peligrosidad y así reducir el hacinamiento en penales.

Sin embargo, en Chile, se suscitó la polémica luego de que un grupo de ex agentes militares chilenos condenados por graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet podrían ser liberados gracias a un nuevo y controvertido fallo que busca detener la propagación del coronavirus entre la población carcelaria del país sudamericano. El proyecto de ley salido del Ministerio de Justicia, liberaría a unos 1.300 presos de bajo riesgo de las cárceles superpobladas para que cumplan sus sentencias con seguridad bajo arresto domiciliario.

Esta medida se aplicaría a las personas condenadas por delitos menores que sean adultos mayores, estén embarazadas, tengan hijos menores de dos años o sean enfermos terminales, siempre que hayan cumplido al menos la mitad de sus sentencias. Sin embargo, 14 senadores del gobierno argumentaron que la medida también debería aplicarse a los reclusos de la infame prisión de Punta Peuco, una cómoda instalación que alberga a unos 70 reclusos condenados por violaciones de los derechos humanos de la época de la dictadura.

“Ante una pandemia mundial que está costando miles de vidas, nuestro gobierno está haciendo un intento poco ético y oportunista de liberar a los criminales de derechos humanos condenados”, dijo Lorena Pizarro, la portavoz de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos a The Guardian. “Aunque nuestra organización está a favor de la liberación de los presos que cumplen estas condiciones y que cumplen condenas por delitos menores, es una concesión impensable en este clima político”.

De hecho, en los últimos días, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió absolver a ocho condenados por violaciones de Derechos Humanos, además de rebajar la pena en tres años y un día a otros nueve, a quienes también se les otorgó el beneficio de libertad vigilada. La decisión fue duramente criticada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, quienes cuestionaron la medida a través de su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el director de la división de las Americas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseveró que “para todo tipo de delincuentes, sea un violador de los DD.HH. o un criminal común, debería haber una política general para el tratamiento de casos en que los reos están con enfermedades terminales” en una entrevista, y que de estar en las mismas condiciones que el resto de los reos, sería “criminal” dejarlos hacinados.

El detalle es que al parecer, estos presos no están en las mismas condiciones que los demás: según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos hecho en el año 2017, las celdas privadas de Punta Peuco eran espaciosas y bien iluminadas, cada una de ellas con baño privado, y los reclusos tienen acceso a televisión por satélite, computadoras, canchas de tenis y zonas BBQ a la sombra. Esta situación es muy diferente de la de otros centros penitenciarios del país, que están superpoblados y a menudo carecen de las disposiciones básicas.

Un informe de 1991 de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile detalló 3.428 casos de desapariciones forzadas, asesinatos, torturas y secuestros durante los 17 años de dictadura. El paradero de muchos de los “desaparecidos” sigue siendo desconocido y muchos de los autores se han negado a revelar cómo se dispusieron los cuerpos. Algunos de los exponentes más infames de la dictadura han pasado por Punta Peuco, entre ellos Manuel Contreras, el líder de la temida policía secreta Dina desde 1973 hasta 1977, que murió en 2015.

Un tribunal constitucional celebrará una audiencia pública el día de hoy antes de decidir sobre el asunto. La decisión final sobre la liberación de los prisioneros recaerá en el poder judicial.

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