Ser una persona trans en muchos rincones del mundo significa existir en constante resistencia: con el auge del fascismo y de la agenda conservadora alrededor del mundo, las personas trans (especialmente las mujeres) se han convertido en un chivo expiatorio de las políticas de derecha. Aunque la visibilidad y los avances legales han crecido en varias regiones, aún persisten leyes y políticas que buscan restringir la vida cotidiana, la autonomía corporal y el acceso a derechos fundamentales. 

En algunos países, la criminalización se da de manera explícita, con códigos penales que prohíben la expresión de género trans. En otros, las estrategias son más sutiles, a través de leyes de “orden público”, “moralidad” o regulaciones sanitarias que generan un clima de persecución. El resultado es una vida marcada por el miedo al acoso policial, la exclusión social y la vulnerabilidad institucional. La resistencia de las comunidades trans, entonces, no es opcional: es la única manera de sobrevivir en medio de sistemas que niegan su dignidad.

Estados Unidos

En Estados Unidos, el aumento de leyes anti-trans en los últimos años ha transformado al país en un epicentro de peligro y retrocesos. La oleada de legislaciones estatales que prohíben a adolescentes y jóvenes trans acceder a terapias de afirmación de género, vetan su participación en deportes escolares o buscan restringir la enseñanza sobre diversidad en las aulas, ha generado un clima de hostilidad nacional coordinada. En 2023, más de 500 proyectos de ley anti-LGBTQI+ fueron presentados, con énfasis en restringir derechos a personas trans, según Human Rights Campaign. El peso de estas leyes se traduce en barreras de acceso a la salud, criminalización de familias que apoyan la transición de sus hijes y un discurso político que legitima el odio en lo cotidiano. Con la nueva administración de Trump, los derechos de las personas trans son virtualmente inexistentes: no son reconocidas legalmente, no pueden recibir atención médica de reafirmación de género, fueron despedidas del ejército y ni siquiera pueden participar en deportes.

Rusia 

Rusia representa otro ejemplo extremo, donde la identidad trans se encuentra bajo asedio jurídico y cultural. En 2023, el gobierno aprobó una ley que prohíbe cualquier procedimiento médico relacionado con la afirmación de género, anulando retroactivamente cambios legales ya establecidos en documentos, y que bloquea la posibilidad de matrimonios donde alguna de las partes sea trans. La legislación forma parte de un marco más amplio de represión de la diversidad sexual y de género, reforzada por la narrativa oficial que acusa a las identidades trans de “amenazar la familia tradicional rusa”. Estas medidas, sumadas al ambiente de censura cultural y persecución sistemática, sitúan a las personas trans en una precariedad legal y social asfixiante.

Reino Unido

El Reino Unido, aunque históricamente destacado por su activismo queer, atraviesa un periodo de retroceso en derechos trans. El debate alrededor de la Ley de Reconocimiento de Género se ha politizado hasta el punto de retrasar reformas prometidas en Escocia, que buscaban simplificar el proceso de cambiar el marcador legal de género. A su vez, el gobierno ha impulsado restricciones en el acceso a bloqueadores de pubertad y ha ralentizado la implementación de servicios de salud especializados. Aunque la Gender Recognition Act de 2004 permitió el cambio legal de género desde 2005, este año el Tribunal Supremo dictaminó que el concepto legal de mujer se basa en el sexo asignado al nacer, lo que ha limitado el acceso a espacios segregados por sexo incluso a personas con certificados legales.  Mientras tanto, sectores políticos y mediáticos han usado un discurso que cuestiona la legitimidad de las identidades trans, lo que alimenta un ambiente hostil hacia la comunidad en el día a día.

Malasia

En Malasia, la existencia trans es criminalizada a través de las llamadas “leyes de trasvestismo”, que prohíben explícitamente a las personas vestir prendas asociadas a un género distinto al asignado al nacer. Basadas en códigos de “moralidad”, estas leyes otorgan a la policía el poder de detener, amonestar o incluso encarcelar a personas trans únicamente por su expresión de género. Esta criminalización de facto impide el reconocimiento legal y genera un escenario cotidiano de persecución que afecta el acceso a la educación, el trabajo y la seguridad personal.

Honduras

En esta nación centroamericana, aunque no existen leyes explícitas contra las identidades trans, la criminalización se ejerce mediante códigos de moral y orden público. La policía tiene la facultad de arrestar a personas catalogadas como “prostitutas ambulantes” o que “atenten contra la moral pública”, categorías bajo las cuales se incluye regularmente a mujeres trans. A esto se suma el uso frecuente de leyes de drogas para perseguir y encarcelar a trabajadoras sexuales trans, una práctica recurrente en la región latinoamericana. La impunidad frente a la violencia transfóbica refuerza este escenario: Honduras figura entre los países con más altos índices de crímenes de odio hacia personas LGBTQI+ en la región.

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